La mayor polémica se concentra en que, por ahora, la administración de Jorge Iván Ospina no usará los 2,2 millones de metros cuadrados (200 hectáreas) de los llamados ejidos (tierras que asignaban los españoles a los indígenas en el oriente de la ciudad, que fueron recuperadas por el municipio tras una prolongada batalla jurídica con varios particulares).
Ospina dice que no descarta los ejidos, pero agrega que no quiere una ciudad expansionista que genere mayores costos en adecuación de vías, redes de servicios públicos, de salud y educación, sino utilizar los que ya están disponibles, para readecuarlos y volcar a los ciudadanos -nuevamente- cerca de las áreas de producción. Habla de alternativas combinadas.
Gremios como Camacol han insistido en poner los ejidos al servicio de proyectos donde el municipio aporte la tierra y se apliquen modelos mixtos para la financiación de vivienda. Otros sectores, que poseen propiedades en sectores cercanos, se afectarían si se abren otra opciones con los ejidos. Esta puja se vive desde 1995.
Mientras tanto, a Cali le pesa un déficit de unas 100.000 viviendas que se manifiesta en invasiones crecientes en laderas y sectores periféricos. Algunas organizaciones dicen que faltan más de 150.000 soluciones.
¿Qué hay en firme?
En este primer año, la administración municipal está comprometida en la entrega de 4.100 viviendas, a través de los proyectos de Santa Elena en el sur de la ciudad y la ampliación de Potrero Grande en el oriente.
El ministro de Vivienda, Juan Lozano, confirmó los aportes a esas dos propuestas. Para Santa Elena, un lote que el municipio adquirió hace dos años, se destinarán unos 40.000 millones de pesos que provienen de los dineros decomisados durante el 2007 en las caletas que serían de Juan Carlos Ramírez Abadía, 'Chupeta', considerado por las autoridades como uno de los cabecillas del narcotráfico.
El secretario de Vivienda, Luis Eduardo Barrera, dijo que una cifra similar a la de este año será aplicada en el 2008.
En Potrero Grande se trata de continuar el traslado de más de 4.000 familias asentadas en el jarillón, un muro de tierra que fue construido hace tres décadas para evitar inundaciones del río Cauca y que hoy está en serio deterioro.
El año pasado se entregaron las primeras 122 soluciones, con apoyo de la Gobernación, la Alcaldía, el Gobierno, Empresas Municipales de Cali, Corporación Autónoma Regional del Valle (Cvc), y las cajas Comfandi y Comfenalco.
Este año, en suma, el municipio maneja un presupuesto de 52.000 millones de pesos, en los que incluyen subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de las ya construidas, mitigación de riesgos, titulación y legalización de predios.
Ejidos, empantanados
El anuncio de no fijar la urbanización de los ejidos como prioridad se convirtió en el primer debate del Concejo a la nueva administración. Esa tierra pasó sin que le definieran su destino durante los cuatro gobiernos pasados.
Uno de los argumentos es que se necesitan estudios adicionales al que realizó Ingeominas.
El ingeniero Claudio Borrero, quien lideró la recuperaciòn de los ejidos en poder de particulares, dijo que desestimar los ejidos conlleva que no habrà respuesta social para las familias de escasos recursos.
Para el presidente de Camacol en el Valle, Alberto Moreno Uribe, falta claridad sobre los argumentos de la Administración municipal para no tener en cuenta esos terrenos. En su opinión, se debe aprovechar que existe viabilidad para su urbanización.
En 2,2 millones de metros cuadrados se podrían construir unas 45.000 viviendas, pero los estudios indican que existen áreas que demandarían altas inversiones para su intervención. En el pasasdo se ha contemplado un gran parque en parte de los terrenos pero no se han definido proyectos ni presupuestos.
El gremio de constructores cree que no se le puede dar la espalda al privilegio de tener esas tierras, que no lo tienen otras capitales colombianas.
El concejal conservador Nelson Garcés Vernaza, quien fue directuivo de una caja de compensación, sostiene que la ciudad espera un plan de vivienda social en esas áreas, con apoyo de los gobiernos local, nacional y departamental, las Empresas Municipales de Cali y las cajas.
Mientras que el liberal Jorge Eliécer Tamayo advierte que los dueños de la tierra en la ciudad esperan que el Estado urbanice los ejidos para luego encarecer la tierra.
Otros dirigentes comunitarios aseguran que está a la vista una vieja disputa entre terratenientes que ven cualquier decisión desde sus intereses.
