Esas trampas, causas y consecuencias de las actuaciones de vendedores de tierras y constructores piratas son analizadas por el abogado Orlando Muñoz en el libro Urbanizadotes piratas, lanzado esta semana por la editorial Doctrina y Ley.
¿Muchas veces ¿dice este ex fiscal de Soacha¿, los delincuentes se valen de artimañas jurídicas y legales para hacer de las suyas y estafar a personas humildes que depositan en ellos no solo sus pocos ahorros, sino las ilusiones de tener casa propia.
¿En una ocasión, con una declaración juramentada ante notaría pública, dos personas aseguraban ser propietarias de un terreno y lograron vender 80 lotes a igual número de familias; cuando apareció el verdadero dueño estas se dieron cuenta del engaño en el que habían caído.
¿Otra práctica frecuente se que se constituyan sociedades constructoras que presentan proyectos muy baratos, captan dinero de interesados en comprar, con el agravante de que al otro día ya no existen, pues se disuelven y no hay a quien reclamarle, ya que en Colombia no existe el vilo corporativo para este sector (es decir, los que fueron socios ¿si logran ser ubicados¿ no tienen la obligación de responder por nada de la firma)¿, agrega el abogado.
Muñoz también cuestiona la falta de rigor en las normas de construcción, los incumplimientos y las tretas que utilizan estos urbanizadotes inescrupulosos.
¿En nuestro país faltan herramientas legales que sancionen a quienes abusan de la buena fe de quienes no poseen vivienda y muchas veces los protege, debido a vacíos legales que les permiten seguir engañando¿, concluye Muñoz, autor del libro en el que también se analizan las posibles soluciones en materia jurídica y de plantación territorial.
Posibles soluciones
El fenómeno de la urbanización pirata se debe en buena medida al creciente déficit habitacional, que en solo Bogotá se calcula que es de 500.000 unidades. Cuando a las familias les ofrecen viviendas o lotes a bajos precios hacen todo lo posible por no dejar ¿escapar la ganga¿ y no se detienen a averiguar por la legalidad del proyecto.
Quienes se encuentren en este dilema, en la Subsecretaría de Control de Vivienda, de la Alcaldía de Bogotá, se puede encontrar asesoría gratuita al respecto (teléfono 3813000).
¿El Estado debe intervenir directamente en el manejo y adecuación de las tierras que se destinan para la construcción de vivienda de interés social (VIS). En este sentido hay que ser muy prácticos con la orientación que se le está dando a los planes de ordenamiento territorial¿, advierte Orlando Muñoz.
