Las 4.000 familias samarias afectadas por las inundaciones del río Gaira, más otras 900 que habitan en la línea férrea, están a punto de perder la esperanza de tener un techo seguro y digno.
"Lo mismo les sucede a quienes viven a orillas de los ríos Manzanares y Bureche, que se suman a las 21.000 familias de Santa Marta que necesitan una vivienda social", dijo Zuly David, jefe de Planeación.
Aunque el dinero para los subsidios y los terrenos están prácticamente listos, 10 de los 19 concejales cambiaron el Plan de Desarrollo y el tema quedó en 'veremos'.
Con el ánimo de verificar que las grandes obras que se están
gestando no sobreexploten la capacidad de la ciudad, los concejales pasaron una propuesta de último momento pero olvidaron incluir la reubicación de las familias afectadas por la ola invernal, que aún no termina.
Así, la discusión por controlar el desarrollo de la Marina Internacional (que costará 17 millones de dólares) y las obras de la expansión portuaria (por 127 millones de dólares más) se convirtieron un el 'florero de Llorente' que terminó pagando la vivienda social.
Precisamente, una de las exigencias de los 10 líderes comunales es que el Concejo autorice previamente la construcción de las 3.000 viviendas que propuso el Alcalde durante su campaña.
"El Concejo solo sesiona dos meses, tres veces al año. ¿Qué pasa si la Nación nos da los subsidios mientras están descansando? Se van a perder todos los recursos que hemos buscado con dificultad", se quejó Manila Guerra, alcaldesa encargada. También quedó fuera la petición de la comunidad de usar 17 hectáreas de propiedad del Sena para reubicar a más de 300 familias y los proyectos productivos para unos 1.000 desmovilizados.
Por su parte, la jefe de Planeación recordó que hace unas semanas los concejeros devolvieron dos proyectos de titulación con el argumento de que no había tiempo para analizarlos. "Si no hay tiempo para generar un acuerdo que legalice las propiedades invadidas por décadas, menos para aprobar obras nuevas.
Además, si los proyectos no quedan incluidos y presupuestados en el Plan de Desarrollo no se pueden hacer realidad; así Santa Marta se quedaría sin vivienda social durante esta administración", enfatizó.
"Este es un lujo que no nos podemos dar. Además de tener serias necesidades de reubicación, Santa Marta es la tercera ciudad receptora de desplazados; los cerros están totalmente invadidos, necesitamos darles opciones urgentemente a las familias más desfavorecidas. Si no hay acuerdos no hay otra opción que imponer el Plan por decreto pero lamentablemente quedarían fuera los aportes de las comunidades desfavorecidas", añadió la alcaldesa.
21.000 las familias samarias de bajos recursos que requieren urgentemente una vivienda de interés social.
Concejales responden
Luis Miguel Gómez, presidente del Concejo de Santa Marta, explica la situación.
"Es claro que hay un vicio legal en el Plan de Desarrollo que se aprobó hace dos semanas, pues la ley dice que debe ser concertado con el Alcalde y esto no se hizo.
"También quedó una molestia social porque se incluyeron peticiones sentidas de comunidades muy vulnerables que ahora
fueron ignoradas", dijo.
Para Gómez lo más lamentable es que ni siquiera se logró el objetivo de controlar la Marina Internacional o la Expansión portuaria porque son de competencia nacional y ya tienen todas las licencias.
Si no se pueden salvar las diferencias pronto, hay tres opciones que Gómez explica:"Si el Alcalde acepta la imposición, tanto la VIS como las demás obras quedarían sujetas a la voluntad de aprobación de los concejales.
"También puede optar por demandar la decisión por inconveniencia para que el concejo revise los artículos. Si la mayoría se sostiene y el alcalde se resiste a aceptarlo será el presidente del concejo quien firme.
"Si el Alcalde debe demandar el Plan por ilegalidad, será el Tribunal Administrativo el encargado de determinar cómo debe quedar el Plan. Como estos procesos son tan demorados, se corre el riesgo de que finalice el periodo sin que salga el fallo. Si opta por aprobarlo por decreto, las solicitudes de las comunidades no se podrían atender ni presupuestar pues no estaban en el Plan original", concluye.
