Mediante un Auto, la Corte Constitucional pretende poner en cintura a las administraciones de los municipios que han ignorado los derechos fundamentales de las familias desplazadas en el país.
El llamado de atención, que cobija especialmente a los alcaldes, también espera darle un impulso a la Vivienda de Interés Social (VIS) que no despega, en gra parte, por la desidia de muchas de las administraciones municipales.
Es claro que los burgomaestres no estuvieron ni están interesados en aplicar beneficios -como los proyectos de VIS- para no atraerlos a sus territorios y así quedó plasmado en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
Incluso, el Ministro de Vivienda, Juan Lozano, denunció que los pasados alcaldes son los primeros responsables en el incremento del valor y la escasez de la VIS porque no dejaron terrenos para este tipo de construcciones.
En un aparte del Auto, la Corte manifiesta que "la información proveniente del Ministerio del Interior no revela cuál es la situación de los desplazados en cada entidad territorial, cuáles son las necesidades para atenderlos ni cuáles han sido los resultados de las acciones emprendidas para lograr el goce efectivo de los derechos de cada desplazado".
Por eso les dio un plazo perentorio de 15 días hábiles (a partir del 21 de abril) para que los nuevos gobernadores y alcaldes de ciudades y municipios informen cómo han cumplido las leyes, las sentencias y los autos de seguimiento que han exigido, reiteradamente, atención a los afectados. Esto aplica, incluso, a los resultados que dejaron las pasadas administraciones.
Por ejemplo, los alcaldes de capitales de departamento -que según las estadísticas son las que más personas desplazadas reciben- exigen la cantidad de hectáreas y de viviendas dedicadas a solucionar el problema, si fueron incluidas en los Planes de Ordenamiento Territorial y en qué se están usando las tierras actualmente. Además, falta precisar si la administración saliente no dejó ningún avance.
Surgen más preguntas
¿Cuál será la estrategia que se aplicará para subsanar la falta? y ¿qué se requiere para poder asignarles la cantidad de tierra y los bienes que necesitan con el fin de atender las solicitudes? De hecho, la Corte les exigió hacer un recuento de las partidas presupuestales asignadas para este tema entre el 2004 y el 2007, y cuál fue su ejecución.
Uno de los cuestionamientos más drásticos se refiere a las medidas adoptadas para evitar que las familias soporten la 'tramitomanía' de las alcaldías para acceder a los servicios a que tienen derecho. Incluso, hay una pregunta recurrente en el sentido de cómo evitan las decisiones discriminatorias cuando los recursos son insuficientes para atender a todos los necesitados.
Finalmente, les pregunta ¿qué tan importante ha sido el apoyo recibido de los ministerios y otras entidades?
De cualquier forma, la petición a los alcaldes ya se había vuelto recurrente y por eso el 'jalón de orejas' pone sobre la mesa -una vez más- un tema que el ministro Lozano y los gremios habían denunciado desde el año pasado en foros y escenarios académicos.
Aun así, y por los resultados a la fecha, el eco entre los burgomaestres ha sido nulo; de ahí la importancia del llamado de la Corte.
